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Ley de Segunda Oportunidad para la Persona Física Insolvente

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Ley de Segunda Oportunidad para la Persona Física Insolvente

04/11/2015
El 95% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, sin que en la mayoría de los casos suponga mayores consecuencias más allá de la disolución y extinción de una sociedad y todo lo que ello representa. No obstante, distinto es el caso de las personas físicas que, no siendo susceptibles de extinción, salen de un concurso de acreedores en las mismas condiciones con las que entraron, arrastrando una deuda que difícilmente llegarán a satisfacer nunca.

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social
vino a promulgar el esperado mecanismo de la ley segunda oportunidad mediante el que el deudor insolvente persona física queda exonerado del pasivo insatisfecho. Sin embargo, la regulación del mecanismo de segunda oportunidad adolecía de una serie de defectos e insuficiencias que impedían hablar de una verdadera segunda oportunidad.

Así, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social viene a solventar algunas de las carencias detectadas en la anterior regulación, siendo su objetivo conforme a la Exposición de motivos, “que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.”

La última reforma de la Ley Concursal deja un panorama más favorable para el deudor insolvente, que si bien mantiene la exigencia de algunos requisitos para que el deudor se acoja a la exoneración del pasivo insatisfecho, también incluye ciertas modificaciones que posibilitan que hablemos de un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

A continuación, iniciamos un breve repaso de las fases y condiciones indispensables para que el deudor se acoja a la esperada exoneración del pasivo insatisfecho.

Acuerdo extrajudicial de pagos

El primer paso consiste en intentar llevar a cabo un acuerdo extrajudicial de pagos bajo la dirección de un notario o de un mediador concursal que, en caso de no alcanzar un acuerdo con los acreedores, instará la declaración del concurso y la apertura de la fase de liquidación. Dicho acuerdo extrajudicial de pagos se caracteriza por circunstancias tales como la imposibilidad de proponer la liquidación global del patrimonio del deudor, así como la alteración de la prelación de créditos legalmente establecida, unas esperas no superiores a 10 años y un apoyo de hasta el 75% de los acreedores para las quitas superiores al 25% y plazo de espera superior a 5 años e inferior a 10.

Concurso de acreedores consecutivo

A continuación, no habiendo alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, se declara el concurso consecutivo de acreedores y, simultáneamente, la apertura de la fase de liquidación. Finalizada esta última es cuando el deudor puede acogerse al régimen de oportunidad, si bien como ya adelantábamos se exige que concurran una serie de requisitos que determinen la buena fe del deudor. Así, la declaración de concurso no culpable –aunque esta circunstancia se ha suavizado-, la ausencia de condena por determinados delitos, el intento de llevar a cabo un acuerdo extrajudicial y, alternativamente, el pago de un umbral de pasivo mínimo o el sometimiento a un plan de pagos, devienen condición indispensable para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad y a la exoneración del pasivo insatisfecho.
Acreditada la concurrencia de las anteriores circunstancias y, salvo oposición de algún acreedor, el juez declara la exoneración provisional del pasivo pendiente, que alcanza a los créditos ordinarios y subordinados pendientes, salvo créditos de derecho público y por alimentos. Por tanto, quedan fuera de la exoneración todo el crédito privilegiado y el crédito público.

Plan de pagos

El resto de deudas no exoneradas –créditos privilegiados y contra la masa- las tiene que abonar el deudor en un plazo de 5 años a contar desde la conclusión del concurso, mediante la presentación de un plan de pagos, tras lo cual se declarará la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.
A los anteriores efectos, debemos señalar que la última reforma viene a modificar parte de la regulación del plan de pagos, en tanto que mientras que en un primer momento se requería el cumplimiento de ese plan de pagos, ahora se prevé la posibilidad de declarar la exoneración definitiva aún cuando se hubiese incumplido en los casos en que atendiendo a las circunstancias del caso, el deudor hubiera destinado a su cumplimiento al menos la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo o la cuarta parte de dichos ingresos cuando se considere al deudor en el umbral de exclusión.
En última instancia, debemos referirnos a la figura de la revocación de la exoneración provisional por mejora sustancial de la situación económica del deudor, que permitía a los acreedores concursales la posibilidad de solicitar la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor mejorara sustancialmente su situación económica. Pues bien, esta facultad se ha visto limitada con la última reforma, suprimiéndose de entre las causas de revocación la mejora sustancial de su situación económica (demasiado abierta) y concretando las causas a herencia, legado, donación, juego de suerte, envite o azar, de manera que el deudor pueda pagar todas las deudas pendientes.

Javier Iglesias Fernández de la Mela - Abogado