FAQs

Empresas grandes medianas y pequeñas, así como micro pymes y autónomos

Presenciales en Madrid y Canarias y online 24/7 en todos los territorios

Sí. Esta primera consulta es necesaria para conocer la problemática planteada por el cliente y plantear la solución legal.

Las tarifas de Falcón Abogados están a precio de mercado y se fijan en función de la complejidad del asunto.

Falcón Abogados es un Despacho de Abogados especializado en Derecho de Marcas y Patentes, Concurso de Acreedores y Derecho de Empresas. Está habilitado ante los Tribunales Españoles y Europeos así como ante la OEPM, EPO, EUIPO y OMPI.

Previo estudio de viabilidad legal de la marca, el registro se obtiene mediante solicitud formal ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Conforme Ley 17/2001 de Marcas si la marca no es objeto de oposición, o esta fuera desestimada en el caso de producirse, se concederá por periodo de 10 años, tras el cual será necesario renovarla por otro periodo igual.

Previo estudio de viabilidad legal de la marca, el registro se obtiene mediante solicitud formal ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Conforme Reglamento de la Marca de la UE 2017/1001 si la marca no es objeto de oposición, o esta fuera desestimada en el caso de producirse, se concederá por periodo de 10 años, tras el cual será necesario renovarla por otro periodo igual.

La marca se registra para identificar un producto o un servicio que presta una empresa o autónomo, el nombre comercial sirve para identificar la empresa en el tráfico mercantil.

Depositando ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual se adquiere por el mero hecho de su creación, pero es importante acreditar la autoría mediante registro oficial.

Si alguien copia/plagia tu derecho de autor, se puede demandar ante los Tribunales ordinarios por violación de los derechos de propiedad intelectual y pedir la correspondiente indemnización.

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.

Para que una invención pueda patentarse, en cualquier campo de la tecnología, deberá ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

La patente tiene una duración legal de 20 años, excepcionalmente se puede ampliar hasta un máximo de 5 años adicionales.

El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

El diseño industrial protege aquellas creaciones que tienen que ver con la apariencia externa u ornamentación de los productos o de una parte de estos.

Con el registro del diseño se obtiene el derecho exclusivo de impedir que terceros lo reproduzcan o imiten sin su autorización.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se tramita en los Juzgados de lo Mercantil cuando una empresa, autónomo o particular empresario no puede hacer frente a sus deudas. Puede tratarse de una insolvencia actual, cuando ya no es posible pagar, o inminente, cuando se prevé con certeza que pronto no se podrán atender las obligaciones. Su objetivo es doble: ordenar el pago a los acreedores conforme a la ley y, cuando sea posible, permitir la continuidad del negocio. El deudor tiene la obligación de solicitarlo en un plazo de dos meses desde que conoce su insolvencia. Si no lo hace, los administradores o responsables pueden asumir consecuencias patrimoniales o incluso penales. Además, existe el concurso sin masa, previsto para los casos en que no hay bienes suficientes para afrontar gastos o deudas, lo que permite una tramitación más breve.

Cuando una sociedad, autónomo o persona física detecta que no puede atender sus pagos, debe ponerse en contacto con un abogado especializado en Derecho Concursal para analizar y/o ejecutar las siguientes acciones:

• 1. Negociación directa con acreedores: proponer quitas, esperas o acuerdos extrajudiciales que permitan ganar tiempo o reducir deuda.
• 2. Plan de reestructuración (antes denominado “preconcurso”): instrumento que permite al deudor negociar con sus acreedores bajo el paraguas judicial, con suspensión de ejecuciones y/o embargos, y diseñado para intentar evitar la declaración formal de concurso.
• 3. Concurso de acreedores: obligatorio cuando la insolvencia es actual y no existen alternativas viables. Su solicitud en plazo protege al órgano de administración de posibles responsabilidades.

La inacción o demora en la solicitud puede implicar la calificación culpable del concurso, lo que conllevaría la inhabilitación de los administradores, la pérdida de derechos de cobro o la condena a cubrir personalmente parte del déficit concursal.

Aunque ambos procedimientos conducen al cierre de la sociedad, tienen naturalezas jurídicas diferentes:

• Concurso de acreedores:
  • Es un procedimiento judicial y obligatorio cuando existe una situación de insolvencia.
  • Busca la satisfacción ordenada de los acreedores, ya sea mediante un convenio (si el negocio es viable) o mediante liquidación judicial de los activos.
  • La intervención del juez y, en su caso, del administrador concursal, garantiza transparencia y paridad de trato entre acreedores.
• Disolución y liquidación ordinaria:
  • Se produce cuando los socios acuerdan voluntariamente cerrar la sociedad, pero existe patrimonio suficiente para abonar íntegramente todas las deudas.
  • Es un proceso extrajudicial, más rápido y flexible, sin necesidad de concurso.
  • Se rige por la Ley de Sociedades de Capital y la voluntad de los socios, siempre respetando los derechos de los acreedores.

La duración depende de la existencia de masa activa (bienes y derechos del deudor) y de la complejidad del caso:

• Concurso sin masa:
  • Se declara cuando el deudor carece de bienes suficientes.
  • Tiene carácter abreviado y suele resolverse entre 6 y 8 meses, dependiendo de la carga del juzgado y de la existencia o no de incidentes.
• Concurso con masa:
  • Se nombra un administrador concursal que inventaría los bienes, analiza la contabilidad y tramita la liquidación o convenio.
  • La duración media es de 12 meses o más, pudiendo extenderse varios años en supuestos complejos (empresas con muchos acreedores, activos dispersos o incidentes judiciales asociados).
  • En definitiva, no se trata de un procedimiento inmediato; su duración real está condicionada por factores como la colaboración del deudor, la oposición de los acreedores, los incidentes concursales y la carga de trabajo del juzgado.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial dirigido a empresas y personas físicas en situación de insolvencia (imposibilidad de atender las deudas de manera regular), que busca atender los pagos de manera ordenada y alcanzar soluciones que permitan la viabilidad de la empresa y eviten su quiebra.

Tienen obligación de solicitar el concurso de acreedores los administradores sociales de las empresas en situación de insolvencia, disponiendo para ello de un plazo de 2 meses a contar desde la situación de insolvencia.

En caso de no solicitar el concurso de acreedores en el citado plazo, los acreedores y accionistas podrán solicitar la declaración de un concurso necesario, lo cual suele traducirse en una calificación culpable y condena al administrador social a cubrir el déficit de la deuda empresarial.

• Suspensión de ejecuciones singulares.
• Suspensión del devengo de intereses.
• Nombramiento administrador concursal.

Si la empresa no tiene patrimonio o de tenerlo su valor realizable es insuficiente para atender los créditos contra la masa, es decir, que con la liquidación del patrimonio de la compañía se prevea que no van a poder atenderse ni siquiera los gastos propios del concurso, es posible que el Juzgado acuerde el concurso de acreedores exprés, agilizándose en gran medida el procedimiento concursal.

Depende. Si la sociedad tiene viabilidad y se pretende llegar a un acuerdo con los acreedores, la actividad debe continuar. Si por el contrario la empresa no es viable y se pretende su liquidación concursal, es conveniente cesar la actividad.

Sí, la Ley Concursal prevé un mecanismo previo al concurso de acreedores, conocido como preconcurso de acreedores, al que puede acogerse cualquier empresa que se encuentre en situación de insolvencia inminente, para en el plazo de 3 meses intentar llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar de esta forma tener que solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Declarado el concurso de acreedores el administrador concursal liquidará el activo de la empresa y con el importe obtenido pagará a los acreedores hasta donde se alcance.

En la fase de calificación del concurso se analizará y decidirá si el mismo se considera fortuito o culpable. En el primer caso se exonera a los administradores de toda responsabilidad por el estado de insolvencia. En el segundo, si se considera que los administradores pudieron actuar de forma negligente produciendo o agravando la situación de insolvencia de la compañía, el Juzgado puede acordar su inhabilitación o derivación de las deudas.

El concurso de acreedores finaliza al cumplimiento del convenio de acreedores o, en la mayoría de casos, con la liquidación del patrimonio de la concursada, extinguiéndose con ello la sociedad y sus deudas no satisfechas.

Una de las modificaciones más importantes de la Ley 16/2022 de Reforma Concursal, ha sido la regulación específica del llamado concurso sin masa, que viene a sustituir a una figura que anteriormente se denominaba concurso exprés, donde en el mismo Auto, se declaraba y se concluía el concurso de acreedores, sin nombramiento de administrador concursal.

Tras la reforma, la nueva redacción del artículo 37 bis facilita el acceso a este mecanismo, al establecer como único presupuesto la inexistencia de bienes o que el valor realizable de éstos sea insuficiente para satisfacer los gastos que genere el proceso concursal, por ejemplo, porque sean de difícil enajenación, tengan cargas etc.

De esta forma, el Juez no tiene que entrar a valorar otros criterios, como pueden ser la posibilidad de culpabilidad.

Cualquier empresa, que estando en situación de insolvencia (imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones), carezca de patrimonio, o de tenerlo su valor realizable sea insuficiente para atender los créditos contra la masa, es decir, que con la liquidación del patrimonio de la compañía se prevea que no van a poder atenderse ni siquiera los gastos propios del concurso.

Igualmente se prevé esta figura para las personas físicas sin activos, con activos irrealizables o insuficientes para atender a los gastos del propio proceso. La particularidad en este caso es que, pasados 15 días desde la publicación del Auto de declaración de concurso de acreedores, podemos solicitar la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, es decir la cancelación de las deudas de la persona natural.

El efecto principal es la sencillez y rapidez frente a los concursos ordinarios o con masa.

Una vez se declara el concurso de acreedores de la compañía, el auto de declaración se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, dándose un plazo de 15 días a los acreedores, para que siempre que representen al menos el 5% del pasivo, puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

Pasado este plazo de 15 días, el Juzgado procederá a la conclusión del concurso, procediéndose así a la extinción de la sociedad.

No, por la tramitación y su coste. Los acreedores para solicitar el nombramiento de un administrador concursal, en primer lugar, tienen que alegar posibles acciones de reintegración, responsabilidad o de culpabilidad del concurso y, en segundo lugar, la solicitud de nombramiento de administrador concursal lo es para emitir un informe, que deberán sufragar los acreedores que lo solicitan y que tampoco garantiza que finalmente se tramite un concurso ordinario.

• Es un mecanismo ágil, rápido y sencillo, que a su vez supone un descongestionamiento del sistema judicial.
• No se produce el nombramiento de administrador concursal.
• La empresa se disuelve y extingue de manera inmediata, con el Auto de conclusión de concurso.
• El coste es inferior a un concurso con masa.
• Facilita el reciclaje de empresarios, no estigmatizándoles para el futuro.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de eliminar sus deudas, o en caso de querer salvar el patrimonio, renegociar las deudas superando así una situación de grave insolvencia.

Puede acogerse cualquier persona física, ya sea un particular o un autónomo, que no pueda atender sus deudas contraídas. Es decir, cualquier persona que tenga problemas para llegar a fin de mes o que pueda tener deudas acumuladas por su negocio.

Hay que contar con un despacho de abogados especializado para que presente debidamente la documentación / información requerida y solicitar el inicio del proceso de Concurso de Acreedores ante el órgano competente (Juzgado de lo Mercantil del domicilio del solicitante).

Tras los trámites concursales necesarios se podrá acceder a la exoneración de la deuda, o a la reestructuración de las deudas a través de un plan de pagos que permita el mantenimiento del patrimonio.

La Ley de Segunda Oportunidad no establece un plazo de duración determinado para el proceso de Ley de Segunda Oportunidad, cuya duración dependerá de varios factores (agilidad del Juzgado, volumen del patrimonio, etc.). No obstante, según nuestra experiencia la mayoría de los procedimientos suelen finalizar antes de un año.

Para obtener el EPI debe ser considerado deudor de buena fe, para lo cual tienen que reunirse los siguientes requisitos:

1. Que el concurso no haya sido declarado culpable.
2. Que el deudor no haya sido condenado a penas privativas de libertad superiores a 3 años, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos diez años.
3. Que el deudor no haya sido sancionado por infracciones tributarias muy graves o de seguridad social o derivaciones de responsabilidad de la Agencia Tributaria o Seguridad Social, en los últimos 10 años.
4. Que no se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer su endeudamiento.

A pesar de que la Ley establece la necesidad de liquidar o vender todos los bienes en el concurso consecutivo para la exoneración del pasivo insatisfecho, cabe la posibilidad de excluir la vivienda de la liquidación, siempre y cuando se trate de la vivienda habitual; esté hipotecada y su valor de mercado sea inferior o similar al capital pendiente del préstamo hipotecario; esté al corriente en el pago de las cuotas hipotecarias mensuales.

También existe la posibilidad de someterse a un plan de pagos con exoneración parcial de la deuda y, de esta forma, se podría salvar el patrimonio.

Sí, una vez obtenida la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), se supera la situación de morosidad y, previa comunicación a los distintos ficheros, éstos deben retirar la inscripción.

Actualmente la tramitación del mecanismo de segunda oportunidad se puede llevar a cabo, de manera íntegra, vía online, facilitando la documentación por correo electrónico.

La empresa puede enfrentarse a acciones judiciales, inspecciones y sanciones por el impago de salarios. Por ello si la empresa no tiene liquidez para realizar el pago de salarios, debe buscar soluciones e iniciar procedimientos de regulación de empleo para afrontar la situación.

Corresponde una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

No obstante, si la antigüedad de los trabajadores es anterior al 12 de febrero de 2012 la indemnización que le corresponde es de 45 días de salarios por año trabajado hasta esa fecha.

Sí, cuando incurre en un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales, por ejemplo: faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo; desobediencia por parte del trabajador; ofensas verbales; la disminución del rendimiento de trabajo...

En primer lugar, debe notificarle al trabajador por escrito de forma detallada y concreta los hechos que fundamentan el despido y concederle audiencia por un periodo razonable para que el trabajador se defienda y explique su versión de los hechos.

Una vez recibidas las alegaciones del trabajador, la empresa puede notificar la carta de despido señalando la fecha en la que tendrá efectos.

Iniciando un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o extinción de contratos de trabajo siempre que existan causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de la producción.

Con ello se consigue reducir o extinguir plantilla cumpliendo con la normativa y garantizando a los trabajadores el abono de una indemnización.

La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores. Pueden ser Marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales, etc. Su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial, y en cierta manera ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas.

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

Aunque la mayoría de las empresas reconoce la utilidad de las marcas para distinguir sus productos de los de la competencia, no siempre se percibe la trascendencia de protegerlas mediante su registro. Registrar una marca otorga a su titular un derecho exclusivo que le permite impedir que terceros comercialicen productos idénticos o semejantes con signos iguales o tan parecidos que puedan generar confusión en los consumidores.

En caso de no hacerlo, las inversiones en promoción y posicionamiento corren el riesgo de perderse, ya que un competidor podría apropiarse de la misma denominación o de otra muy similar y beneficiarse indebidamente. Esta situación puede llevar a que los clientes adquieran por error productos de la competencia, reduciendo los beneficios de la empresa, afectando su clientela y deteriorando su prestigio, especialmente cuando los bienes rivales son de calidad inferior.

Por ello, dado el valor estratégico de las marcas y su influencia en el éxito comercial, resulta imprescindible asegurar su registro en los mercados de interés. Además, contar con una marca registrada abre oportunidades de explotación económica adicionales, como la concesión de licencias o su inclusión en contratos de franquicia, que generan ingresos complementarios.

Cualquier persona física o jurídica.

El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

Según el formato del signo que se protege:

DENOMINATIVA: es la que está formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
FIGURATIVA: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
TRIDIMENSIONAL: son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional.
DE POSICIÓN: son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
PATRÓN: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
COLOR: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
SONORA: son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
MOVIMIENTO: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
MULTIMEDIA: son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido.
HOLOGRAMA: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas.
OTROS: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

En función del ámbito geográfico que se pretende proteger, existen marcas nacionales, marcas europeas y marcas internacionales.

Las marcas se conceden en exclusiva para ciertos productos o servicios, que vienen ordenados en las diferentes clases de un Nomenclátor Internacional (la Clasificación de Niza). Cada producto o servicio está incluido en una clase determinada. Existen 34 clases de productos y 11 de servicios, haciendo un total de 45 clases.

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La tramitación de la solicitud tiene una duración aproximada de entre 8 y 10 meses.

El registro de la marca se otorga por un plazo de 10 años contados desde la fecha de la solicitud y puede renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años.

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento.

Para que una invención pueda patentarse, en cualquier campo de la tecnología, deberá ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

A este respecto, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, entiendo como tal, todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Por su parte, una invención implicará actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Por último, se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

El derecho otorgado por una Patente consiste en "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.

Es válida durante 20 años. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.

Para obtener una patente de invención con efectos en España pueden utilizarse tres vías diferentes:

Vía nacional: Se solicita una patente española en la OEPM, que se regirá durante toda su vida legal, desde la solicitud hasta su caducidad, por las disposiciones de la Ley 24/2015, de Patentes.

Vía europea: Se solicita una patente europea en la OEPM, que posteriormente se tramitará en la Oficina Europea de Patentes (EPO) y que, tras su concesión y correspondiente validación, permite obtener una patente con los mismos efectos que las concedidas por vía nacional. Se regirá durante toda su vida legal, desde la solicitud hasta su caducidad, por las disposiciones del Convenio de Múnich de 1973 y por la Ley 24/2015, de Patentes.

Vía internacional o PCT: Se unifica la tramitación internacional de una patente mediante una única solicitud en la OEPM, y mediante una única tramitación ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de forma que, una vez finalizada, podrá solicitarse la protección de la invención por patente en cada uno de los Estados firmantes de dicho Tratado (152 en 2017), incluyendo España. En definitiva, no se trata de un procedimiento de concesión de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un procedimiento mediante el cual se unifica la tramitación previa a la concesión

No, puesto que no cumplirá con el requisito de novedad exigido para la patentabilidad de las invenciones. A partir de fecha 1 de abril de 2017 tampoco será posible proteger dicha invención como modelo de utilidad puesto que se exige también novedad mundial frente a la novedad nacional exigida anteriormente.

Según la ley de patentes, es nueva toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio

El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial.

El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es idéntico al conferido por la Patente.

Es válida durante 10 años. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.