FAQs

Empresas grandes medianas y pequeñas, así como micro pymes y autónomos

Presenciales en Madrid y Canarias y online 24/7 en todos los territorios

Sí. Esta primera consulta es necesaria para conocer la problemática planteada por el cliente y plantear la solución legal.

Las tarifas de Falcón Abogados están a precio de mercado y se fijan en función de la complejidad del asunto.

Falcón Abogados es un Despacho de Abogados especializado en Derecho de Marcas y Patentes, Concurso de Acreedores y Derecho de Empresas. Está habilitado ante los Tribunales Españoles y Europeos así como ante la OEPM, EPO, EUIPO y OMPI.

Previo estudio de viabilidad legal de la marca, el registro se obtiene mediante solicitud formal ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Conforme Ley 17/2001 de Marcas si la marca no es objeto de oposición, o esta fuera desestimada en el caso de producirse, se concederá por periodo de 10 años, tras el cual será necesario renovarla por otro periodo igual.

Previo estudio de viabilidad legal de la marca, el registro se obtiene mediante solicitud formal ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Conforme Reglamento de la Marca de la UE 2017/1001 si la marca no es objeto de oposición, o esta fuera desestimada en el caso de producirse, se concederá por periodo de 10 años, tras el cual será necesario renovarla por otro periodo igual.

La marca se registra para identificar un producto o un servicio que presta una empresa o autónomo, el nombre comercial sirve para identificar la empresa en el tráfico mercantil.

Depositando ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual se adquiere por el mero hecho de su creación, pero es importante acreditar la autoría mediante registro oficial.

Si alguien copia/plagia tu derecho de autor, se puede demandar ante los Tribunales ordinarios por violación de los derechos de propiedad intelectual y pedir la correspondiente indemnización.

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.

Para que una invención pueda patentarse, en cualquier campo de la tecnología, deberá ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

La patente tiene una duración legal de 20 años, excepcionalmente se puede ampliar hasta un máximo de 5 años adicionales.

El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

El diseño industrial protege aquellas creaciones que tienen que ver con la apariencia externa u ornamentación de los productos o de una parte de estos.

Con el registro del diseño se obtiene el derecho exclusivo de impedir que terceros lo reproduzcan o imiten sin su autorización.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se tramita en los Juzgados de lo Mercantil cuando una empresa, autónomo o particular empresario no puede hacer frente a sus deudas. Puede tratarse de una insolvencia actual, cuando ya no es posible pagar, o inminente, cuando se prevé con certeza que pronto no se podrán atender las obligaciones. Su objetivo es doble: ordenar el pago a los acreedores conforme a la ley y, cuando sea posible, permitir la continuidad del negocio. El deudor tiene la obligación de solicitarlo en un plazo de dos meses desde que conoce su insolvencia. Si no lo hace, los administradores o responsables pueden asumir consecuencias patrimoniales o incluso penales. Además, existe el concurso sin masa, previsto para los casos en que no hay bienes suficientes para afrontar gastos o deudas, lo que permite una tramitación más breve.

Cuando una sociedad, autónomo o persona física detecta que no puede atender sus pagos, debe ponerse en contacto con un abogado especializado en Derecho Concursal para analizar y/o ejecutar las siguientes acciones:

• 1. Negociación directa con acreedores: proponer quitas, esperas o acuerdos extrajudiciales que permitan ganar tiempo o reducir deuda.
• 2. Plan de reestructuración (antes denominado “preconcurso”): instrumento que permite al deudor negociar con sus acreedores bajo el paraguas judicial, con suspensión de ejecuciones y/o embargos, y diseñado para intentar evitar la declaración formal de concurso.
• 3. Concurso de acreedores: obligatorio cuando la insolvencia es actual y no existen alternativas viables. Su solicitud en plazo protege al órgano de administración de posibles responsabilidades.

La inacción o demora en la solicitud puede implicar la calificación culpable del concurso, lo que conllevaría la inhabilitación de los administradores, la pérdida de derechos de cobro o la condena a cubrir personalmente parte del déficit concursal.

Aunque ambos procedimientos conducen al cierre de la sociedad, tienen naturalezas jurídicas diferentes:

• Concurso de acreedores:
  • Es un procedimiento judicial y obligatorio cuando existe una situación de insolvencia.
  • Busca la satisfacción ordenada de los acreedores, ya sea mediante un convenio (si el negocio es viable) o mediante liquidación judicial de los activos.
  • La intervención del juez y, en su caso, del administrador concursal, garantiza transparencia y paridad de trato entre acreedores.
• Disolución y liquidación ordinaria:
  • Se produce cuando los socios acuerdan voluntariamente cerrar la sociedad, pero existe patrimonio suficiente para abonar íntegramente todas las deudas.
  • Es un proceso extrajudicial, más rápido y flexible, sin necesidad de concurso.
  • Se rige por la Ley de Sociedades de Capital y la voluntad de los socios, siempre respetando los derechos de los acreedores.

La duración depende de la existencia de masa activa (bienes y derechos del deudor) y de la complejidad del caso:

• Concurso sin masa:
  • Se declara cuando el deudor carece de bienes suficientes.
  • Tiene carácter abreviado y suele resolverse entre 6 y 8 meses, dependiendo de la carga del juzgado y de la existencia o no de incidentes.
• Concurso con masa:
  • Se nombra un administrador concursal que inventaría los bienes, analiza la contabilidad y tramita la liquidación o convenio.
  • La duración media es de 12 meses o más, pudiendo extenderse varios años en supuestos complejos (empresas con muchos acreedores, activos dispersos o incidentes judiciales asociados).
  • En definitiva, no se trata de un procedimiento inmediato; su duración real está condicionada por factores como la colaboración del deudor, la oposición de los acreedores, los incidentes concursales y la carga de trabajo del juzgado.

La empresa puede enfrentarse a acciones judiciales, inspecciones y sanciones por el impago de salarios. Por ello si la empresa no tiene liquidez para realizar el pago de salarios, debe buscar soluciones e iniciar procedimientos de regulación de empleo para afrontar la situación.

Corresponde una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

No obstante, si la antigüedad de los trabajadores es anterior al 12 de febrero de 2012 la indemnización que le corresponde es de 45 días de salarios por año trabajado hasta esa fecha.

Sí, cuando incurre en un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales, por ejemplo: faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo; desobediencia por parte del trabajador; ofensas verbales; la disminución del rendimiento de trabajo...

En primer lugar, debe notificarle al trabajador por escrito de forma detallada y concreta los hechos que fundamentan el despido y concederle audiencia por un periodo razonable para que el trabajador se defienda y explique su versión de los hechos.

Una vez recibidas las alegaciones del trabajador, la empresa puede notificar la carta de despido señalando la fecha en la que tendrá efectos.

Iniciando un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o extinción de contratos de trabajo siempre que existan causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de la producción.

Con ello se consigue reducir o extinguir plantilla cumpliendo con la normativa y garantizando a los trabajadores el abono de una indemnización.